Hace 22 años ser homosexual era un delito en Irlanda. Ayer, este país católico y conservador (valga la redundancia) se convirtió en el primero del mundo que vota sí en referéndum al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los tiempos cambian y, a veces, incluso lo hacen para mejor. Un 62% de los irlandeses ha apoyado con su voto la igualdad por encima de la orientación sexual de cada cual, frente a un 37% que votó no. Una amplia victoria del sí, opción que defendían todos los partidos políticos en aquel país, que respaldaban todos los grandes medios de comunicación y que, según anticipaban las encuestas y se ha confirmado en las urnas, era también la mayoritaria entre la población. Había sin embargo una institución con mucho peso tradicionalmente en aquel país que defendía el no de forma velada: la Iglesia católica.
El histórico referéndum irlandés deja varias conclusiones interesantes y abre un debate, creo, necesario. Primero, la alegría de las personas que podrán ejercer su derecho a casarse con quien aman y dejarán de sufrir una discriminación legal por el mero hecho de ser homosexuales. No es, o no fundamentalmente, un debate jurídico o legal, mucho menos semántico (ya saben, eso de que matrimonio viene de madre y no se puede emplear ese mismo término a las uniones de dos gays que tanto nos hartamos de escuchar aquí hace diez años). Es una cuestión de derechos. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Aquí se incluye, naturalmente, la orientación sexual de cada persona. Fin del debate.
Por tanto, el paso adelante dado ayer por Irlanda es histórico porque reconoce un derecho que poseen todos los ciudadanos que, hasta ahora, no podían ejercer las personas homosexuales. Es un avance histórico por el país donde se produce. La de Irlanda ha sido, como todas donde la Iglesia católica o cualquier otra religión tiene un papel importante, una sociedad muy conservadora, como demuestra su legislación sobre cuestiones como el aborto. En Irlanda lo que dice la Iglesia va (tras este referéndum igual se empieza a formular esta frase en pasado) a misa. La inmensa mayoría de los ciudadanos irlandeses se declara católico. Por encima del 70%, leí. Y, sin embargo, un 62% de los votantes apoyo el matrimonio homosexual, algo que desagrada profundamente a la cúpula eclesiástica. Es decir, el triunfo de los derechos y las libertades fue además una derrota de la Iglesia, un toque de atención y, por qué no, un mensaje esperanzador: se puede profesar una religión respetando la libertad de quien te rodea y sin pretender imponer tus dogmas o tu visión del mundo, aquello que consideras, al resto. Debería tomar nota la Iglesia irlandesa, cuya imagen está muy tocada por los múltiples y nauseabundos escándalos de pederastia conocidos en los últimos años, por cierto.
Las declaraciones de los activistas irlandeses que se han implicado en la campaña del sí en este referéndum y hoy leemos en los medios de comunicación son un canto de esperanza, un motivo para la ilusión en un mundo que suele darnos razones para la inquietud y la indignación. También hay noticias buenas. También hay avances históricos. "Me alegro de que los jóvenes no tengan que vivir con miedo como nosotros", escuché esta mañana que decía un gay maduro en la magnífica crónica sobre este referéndum de Juan Carlos Vélez, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido. "No soy menos que ninguna otra persona", contaba llorando una joven lesbiana acompañada de su pareja, dándole la mano en la calle sin miedo.
Hasta aquí, lo histórico e ilusionante, que es mucho, del paso adelante de Irlanda. Pero creo que este referéndum, el hecho de someter derechos y libertades a referéndum abre un debate que no deberíamos despreciar. ¿Qué habría pasado si los irlandeses votan no? ¿Se pueden negar derechos porque el pueblo así lo decida? ¿Acaso la libertad es algo que esté al albur de lo que digan los ciudadanos en las urnas? ¿No es peligroso que el respeto a la diferencia y el cumplimiento de los derechos fundamentales (y la igualdad de todos ante la ley lo es, según recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos) se someta a referéndum? ¿Y si un buen día a algún gobernante se le ocurre preguntar, por ejemplo, por la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes? ¿Se puede preguntar todo a los ciudadanos? ¿Hay cuestiones fundamentales que deben estar preservadas por encima de lo que piense la opinión pública?
Creo que se sienta un precedente algo arriesgado al consultar a los ciudadanos sobre el reconocimiento de derechos a las personas que pertenecen a una minoría. La igualdad está por encima de los votos. O debería estarlo. Si un pueblo apoya, por ejemplo, la pena de muerte, ¿deja de ser por ello una violación de los Derechos Humanos? Por ceñirnos a lo ocurrido en Irlanda. ¿Acaso no sería injusto que a las personas homosexuales se les hubiera negado el derecho a contraer matrimonio porque sus vecinos así lo hubieran querido? Yo creo que sí. Exactamente igual que sería injusto que un gobernante consultara a una sociedad racista (o sea, a cualquier sociedad occidental, prácticamente) sobre los derechos de las personas inmigrantes. Por encima de las ideas o los prejuicios de los votantes están los Derechos Humanos y valores intocables como la igualdad.
Al parecere, según me contó ayer el citado y muy apreciado Juan Carlos Vélez en una enriquecedora conversación por Twitter (sí, la red social del pajarito también sirve para eso, a veces), el gobierno irlandés esperó a convocar el referéndum hasta que tuvo la certeza, según todas las encuestas de que el sí saldría vencedor. También debatimos sobre el posible riesgo de esta consulta. Me contó que las sociedades anglosajonas tienen mucha tradición de realizar consultas populares y convenimos finalmente en que, en efecto, la igualdad está por encima de lo que se pueda decir en un referéndum. Una consulta popular no debería poder negar derechos. En todo caso, creo que el debate está abierto. El resultado final es el que importa, ese histórico sí a la igualdad de una sociedad con una gran influencia de la Iglesia católica. Pero no me parece menor el hecho de que, en el fondo, se somete a votación popular si conceder o no derechos a una minoría, algo que, en según qué contextos, puede ser peligroso, porque no hay voto ciudadano que pueda negar derechos a nadie.
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